Luis Alvarez Pérez Bedia. Abogado - abogado canonista - profesor de Derecho

La transformación que ha sufrido nuestra sociedad en los últimos años ha hecho evolucionar la profesión de abogado orientando su función del asesoramiento general a la especialidad.

Los conflictos de familia, divorcios, herencias, etc., no son disputas intranscendentes, pues está en juego el futuro de los afectados, los hijos, los bienes, etc. El abogado deberá tener suficientes conocimientos y experiencia posibilitando que el cliente obtenga un resultado justo, que no sólo le dé seguridad de futuro sino también evitando perjuicios en sus derechos e intereses.

La relación con los hijos deberá regularse planificándola a largo plazo, las pensiones, indemnizaciones, viviendas, propiedades, etc., serán discutidas o resueltas según instrucciones al abogado, el cual deberá con examen de las circunstancias, aconsejar, según sus conocimientos, el proceder más conveniente y eficaz.

La especialidad conlleva buscar la solución más beneficiosa, además de ahorrar costes, aplicar las normas fiscales más ventajosas, anticiparse a posibles divergencias futuras y en definitiva llevar a buen término el encargo.

Al igual que cuando padecemos una enfermedad acudimos al médico especialista, obviamente de la misma forma elegiremos nuestro asesor legal, pues de él dependerá resolver el problema.

Recuerdo cuando resolví, a pesar de los plazos previstos en la ley, una indebida atribución de paternidad que aparecía legalmente como imposible. Tras la sentencia la ley se modificó.

También la alegría de una clienta, que por deficiente asesoramiento creyó no tener derecho a bienes del marido y que al demostrar que se había invocado una ley errónea, ésta obtuvo la  propiedad de varios inmuebles que constaban a nombre del esposo.

Otra satisfacción fue cuando al examinar el proceso de un cliente advertí que los hijos que le atribuían no eran suyos, corregí el entuerto, y éste dejó de pagar pensiones y recobró la vivienda que por error en su anterior defensa, le había sido impuesto.

Desde mi experiencia de casi  treinta años ejerciendo la especialidad del derecho de familia, tanto en los procesos civiles como de nulidades canónicas, compaginado con la docencia universitaria y colegial a letrados interesados en esta rama jurídica, he llegado al más absoluto convencimiento de la necesidad de ser expertos en la materia. Sólo así, como reiteradamente he sido testigo, se evitarían los graves perjuicios que produce un deficiente asesoramiento.

Desconfíe de la propaganda que ofrece una orientación “express” y a precios sospechosamente reducidos, pues en ocasiones el trato no se mantiene con abogados, otras veces éstos son inexpertos, apenas se informa y con el riesgo de ser  el coste muy superior al ofrecido, e incluso, en relación a los honorarios normales.