El Principado de Andorra trabaja activamente contra el blanqueo de capitales de origen criminal desde hace más de diez años, cuando en 1990 incluyó en su Código Penal diversos artículos especialmente dedicados a esta cuestión.
  
Es importante destacar que, ese mismo año, todas las entidades bancarias andorranas subscribieron voluntariamente un código deontológico especialmente orientado a este fin, el cual definía las normas de conducta sobre el conocimiento de los clientes para evitar ser utilizados para blanquear capitales.
El objetivo era, y sigue siendo, que los servicios financieros del Principado de Andorra no pudieran ser utilizados por ninguna organización criminal, tanto las relacionadas con el narcotráfico como con cualquier otro tipo de delito.

Desde que en 1995 Andorra desarrolló la Ley sobre protección del secreto bancario y prevención del blanqueo de dinero o valores de productos del crimen, fruto de la experiencia y de las recomendaciones del Comité de expertos del Consejo de Europa, el país adoptó la nueva Ley del año 2000, de cuyo texto cabe destacar el aspecto de prevención que se modificó para otorgar más garantías de eficacia al mecanismo de declaración, control y denuncia de los hechos sospechosos, ampliando la lista de los sectores y profesiones obligados a declarar, siempre salvaguardando el principio de secreto profesional.
 

 A estos efectos se creó la Unidad de Prevención del Blanqueo (UPB), en calidad de organismo centralizador de todas las declaraciones en esta materia. Son funciones también de este organismo impulsar acciones y medidas de prevención contra el blanqueo, pedir cualquier información necesaria para conseguir sus objetivos, cooperar con otros organismos equivalentes, transmitir expedientes sujetos a infracciones penales al Ministerio Fiscal, o, en su caso, hacer llegar al Gobierno aquellos que pudieran implicar infracciones administrativas.

Desde su creación, la UPB ha firmado convenios de cooperación con sus homólogos franceses, españoles y belgas. Asimismo, ha entrado a formar parte del Grupo Egmont, del que forman parte 69 países y cuyo objeto es coordinar las distintas agencias gubernamentales -llamadas Unidades de Inteligencia Financiera (FIU's), creadas para luchar contra el blanqueo de capitales- con el objetivo de fomentar la cooperación internacional entre sus componentes, para optimizar la lucha contra el blanqueo de capitales de procedencia criminal.

Asimismo, Andorra, como miembro que es del Consejo de Europa, forma parte del Comité Europeo de los Problemas Criminales, así como del Moneyval, comité restringido de expertos sobre la evaluación de las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales. Este comité restringido persigue, a través de rondas de evaluación mutuas basadas en los principios y recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera), la armonización de las medidas y prácticas de prevención y lucha contra el blanqueo en los países miembros para contribuir a la mejora del sistema a escala internacional.

Por otra parte, el pasado mes de febrero, y a petición del Gobierno de Andorra, el Fondo Monetario Internacional envió una delegación para evaluar el grado de cumplimiento del Principado de los estándares internacionales en materia de supervisión y regulación del sistema financiero, así como en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El informe del FMI hizo una valoración positiva en todas las materias, destacando que el sistema financiero andorrano presenta una estructura muy sólida con poco riesgo y un nivel de regulación y supervisión adecuados. En concreto, en la cuestión del blanqueo de capitales se valora muy positivamente la voluntad política y del sector profesional, tal como demuestra la puesta enfuncionamiento de la Unidad de Prevención del Blanqueo y la efectividad alcanzada por este organismo.

En definitiva, la voluntad política de Andorra es establecer las herramientas y mecanismos necesarios para preservar el sistema financiero y la economía de Andorra, evitando que los fondos obtenidos por actividades delictivas penetren en el país por cualquier conducto.
El número creciente de declaraciones de operaciones sospechosas demuestra el alto grado de sensibilidad de todos los sectores económicos del Principado. Estas declaraciones han propiciado el inicio de investigaciones, con resultados muy positivos, de los cuales cabe destacar la valiosa cooperación internacional y constatar el buen funcionamiento de los mecanismos establecidos por la política de prevención que lleva a cabo el Principado de Andorra.