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La incidencia de la Nueva Ley Concursal en Derecho del Trabajo
 
Fuente: Bufete Roig AranLecturas: 1378
Publicado en Togas.biz: 31.03.2005
Publicado en Togas49 - La Vanguardia : 31.03.2005 (leer todos los artículos)

| La incidencia de la Nueva Ley Concursal en Derecho del Trabajo FOTO |A partir del día 1 de septiembre de 2004, en el que entraron en vigor la Ley 22/2003, de 9 de julio, de Concurso y los Juzgados de lo Mercantil, las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que el empresario sea el concursado, así como la suspensión o extinción de los contratos de alta dirección pasan a ser competencia de estos Juzgados, otorgándose a la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral la condición de principios inspiradores en el enjuiciamiento de estas materias, sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de la Ley.

La Ley Concursal justifica esta trascendente reforma de la competencia al establecer que se atribuye al Juez del concurso jurisdicción exclusiva en las materias que se consideran de especial trascendencia para el patrimonio del deudor, aunque sean de naturaleza social, en atención al carácter universal del concurso, que concentra en un solo órgano jurisdiccional todas estas materias, cuya dispersión quebrantaría la unidad de procedimiento y decisoria.

La solicitud de extinción colectiva de los contratos de trabajo podrá ser solicitada por la administración concursal, por el deudor de la empresa concursada o por los propios trabajadores, por medio de sus legales representantes, debiendo ser citado como parte interesada en el procedimiento el Fondo de Garantía Salarial cuando del proceso pudiera derivarse su responsabilidad para el abono de salarios e indemnizaciones de los trabajadores. Esta solicitud deberá exponer y acreditar las causas justificativas de las medidas colectivas interesadas y los objetivos que se intentan conseguir para asegurar la viabilidad futura de la empresa y del empleo.
En cuanto al procedimiento, el art. 64 de la Ley Concursal guarda bastantes similitudes con el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores. El Juez del concurso, una vez recibida la solicitud, convocará a los representantes de los trabajadores y a la administración concursal a un periodo de consultas, cuya duración no será superior a treinta días o a quince, dependiendo si la empresa cuenta con más o menos de cincuenta trabajadores. Durante el periodo de consultas las partes deberán negociar de buena fe con el objeto de conseguir un acuerdo, siendo preceptivo la emisión de un informe por parte de la Autoridad laboral. Una vez cumplidos todos los trámites legales, el Juez resolverá por auto en un plazo máximo de cinco días a partir de la emisión del informe de la Autoridad laboral, debiendo aceptar, si existe, el acuerdo alcanzado, salvo que en su conclusión aprecie la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho.

Exista o no acuerdo, el juez deberá establecer en el auto si autoriza o no las medidas colectivas pretendidas, si considera justificado que tales medidas son las necesarias para superar una situación económica negativa de la empresa o para garantizar su viabilidad futura y la del empleo a través de una más adecuada organización de los recursos.

Si bien el artículo 64.7 de la Ley Concursal no fija expresamente el importe de las indemnizaciones en caso de extinción de contratos de trabajo, establece que "el Juez determinará lo que proceda conforme a la legislación laboral", lo que implica que las mismas deberán ser de veinte días de salario por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, salvo que el pacto alcanzado por las partes haya mejorado dicho mínimo legal. Dicho artículo establece que el auto, de acordarse la suspensión o extinción colectiva de los contratos de trabajo, producirá las mismas consecuencias que la resolución administrativa de la Autoridad Laboral recaída en un expediente de regulación de empleo, a efectos del acceso de los trabajadores a la situación legal de desempleo.

Muchos otros comentarios quedan por hacer en el ámbito del Derecho del Trabajo respecto a una Ley que avanza decididamente en el proceso de la especialización, de tal forma que la totalidad de las materias que se susciten dentro de su jurisdicción sean resueltas por titulares con profundo conocimiento de la materia, con el objeto de propiciar resoluciones de calidad en un ámbito de gran complejidad técnica, con el objeto de que éstas se dicten con mayor celeridad, coherencia y unidad en la labor interpretativa de las normas.

CARLOS AMIGUET
Socio

Bufete Roig Aran

Barcelona
Avenida Diagonal 399, 4°
08008
Barcelona

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