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Los accidentes de trabajo en el sector de la construcción y las responsabilidades empresariales: especial referencia al artículo 316 del Código Penal
 
Fuente: Mutua AsepeyoLecturas: 2777
Publicado en Togas.biz: 27.06.2002
Publicado en Togas19 - La Vanguardia : 27.06.2002 (leer todos los artículos)

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Los accidentes de trabajo en el sector de la construcción y las responsabilidades empresariales
Especial referencia al artículo 316 del Código Penal

 por Adriana Bronte Peñalva
  
  De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el sector de la construcción el número de accidentes de trabajo que se produjeron, en el año 2000 (últimos datos publicados en la página web del citado Ministerio), constituyeron un 26% del total, de lo que un 27% se corresponde con accidentes graves y un 26% con accidentes mortales; siendo en este sector donde se registran los valores más elevados en cuanto a la tasa de incidencia de accidentes de trabajo, en el año 2000 por cada 100.000 trabajadores de la construcción, se produjeron 18.770 accidentes; también los índices de frecuencia y de gravedad (la relación por cociente entre las jornadas no trabajadas a causa de los accidentes con baja en jornada de trabajo y las horas trabajadas por la población expuesta al riesgo) fueron los más elevados (en el caso del índice de frecuencia fue del 107´9 accidentes por millón de horas trabajadas, y en el del índice de gravedad fue de 2´34 jornadas no trabajadas por cada mil horas trabajadas). También la duración media de las bajas fue superior en el sector de la construcción respecto a otros sectores, en especial por lo que se refiere a los accidentes graves (en el ámbito nacional la duración media de las bajas fue de 78´2 días, y en el sector de la construcción la media fue de 86 días de baja).

El elevado número de accidentes de trabajo que se producen en el sector de la construcción y la gravedad de los mismos pone de relieve la importancia que adquiere en este sector la adopción de las medidas de prevención de riesgos laborales por parte de los empresarios y demás personas que intervienen en las obras de construcción. 
 

Los artículos 14 y 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, imponen a los empresarios la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, el empresario adoptará todas las medidas que sean necesarias para la protección y salud de los trabajadores, debiendo realizar una evaluación de los riesgos que permita evitar y combatir los mismos. Para ello, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales impone al empresario el deber de efectuar una evaluación de riesgos (artículo 16), a partir de la cual se procederá a la adopción e implantación de todas las medidas que sean necesarias. También incumbe a los trabajadores el deber de respetar todas las normas y medidas de seguridad establecidas, así como de seguir las instrucciones que se les den.

En el sector de la construcción, además de las obligaciones de carácter general señaladas, la normativa vigente impone a los empresarios (promotores, contratistas etc.), otra serie de obligaciones y deberes tendentes a garantizar la seguridad y la salud en las obras de construcción.

 Con relación a la pensión de orfandad, el Real Decreto 1465/2001 ha ampliado los límites de edad hasta los que se puede percibir la citada pensión: como regla general, los huérfanos menores de 18 años o incapacitados para el trabajo tienen derecho a percibir la pensión de orfandad; excepcionalmente, se prevé que puedan tener derecho a la pensión de orfandad los hijos del causante, mayores de 18 años, en aquellos casos en que no efectúen trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia o realizándolo, los ingresos obtenidos, en cómputo anual, sean inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual, siempre que, a la fecha del fallecimiento del progenitor, sean menores de 22 años o de 24 años, si no sobreviviera ninguno de los padres (hasta la entrada en vigor del R.D. 1465/2001, los límites estaban fijados en los 21 y 23 años respectivamente).
Consecuentemente a esta ampliación de los límites de edad para acceder a la pensión de orfandad, se varían las causas de extinción de la misma por razón de la edad. 

  En concreto, es el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el que detalla ese conjunto de obligaciones adicionales a las impuestas por la normativa general, y entre las mismas se encuentran las siguientes:

 El promotor de la obra ha de elaborar un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras. En este estudio, entre otros aspectos, ha de incluirse una identificación y relación de los riesgos laborales, con indicación de las medidas técnicas para evitarlos, eliminarlos o reducirlos.

 Cada contratista que intervenga en la ejecución de la obra ha de elaborar el plan de seguridad y salud del trabajo, en el que han de analizarse y desarrollarse las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud.

 El promotor ha de designar a un técnico competente como coordinador en materia de seguridad y salud, tanto durante la elaboración del proyecto de la obra como durante la ejecución de la misma, que estará encargado de velar por el cumplimiento de los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud, de coordinar las actividades empresariales previstas en el art. 24 LPRL, de aprobar el plan de seguridad y salud; etc.

 Se remarca la obligación de los contratistas y subcontratistas de informar a los trabajadores de todas las medidas de seguridad que hayan de adoptarse en la obra.

 Se exige el aviso previo a la Autoridad Laboral competente por parte del promotor de la obra, del inicio de la ejecución de las obras. 
 

El incumplimiento por parte de los empresarios de su deber de facilitar a los trabajadores los medios necesarios para que éstos desempeñen su actividad con arreglo a las medidas de seguridad e higiene adecuadas y de adoptar las medidas de prevención necesarias, puede dar lugar, no sólo a la imposición de las sanciones previstas en la normativa de prevención de riesgos laborales (artículos 42 y ss. Ley 31/1995), sino también a la aplicación del tipo penal previsto en el artículo 316 del Código Penal, que califica como delito contra los derechos de los trabajadores y castiga con penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses, el no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que se pongan en peligro grave su vida, salud o integridad física. 

El tipo penal previsto en el artículo 316 es, de acuerdo con el Tribunal Supremo (STS, Sala de lo Penal, de 12-11-1998 y de 26-9-2001, Auto del TS, Sala de lo Penal, de 6-11-01), un delito de omisión que consiste en no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, y esta omisión ha de suponer, en sí misma, el incumplimiento de las normas de cuidado expresamente establecidas en la legislación laboral (normas de prevención de riesgos laborales); junto con este incumplimiento del deber de facilitar los medios necesarios y con la infracción de las normas de prevención, es preciso que se ponga en peligro grave la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores, sin que sea necesario que el peligro se concrete en una lesión efectiva, ya que estamos en presencia de un delito de riesgo y no de resultado. Y se considerará como sujeto activo del delito a la persona o personas legalmente obligadas a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las adecuadas medidas de seguridad e higiene, así estarían incluidos, como posibles sujetos activos del delito, además de los promotores, contratistas, subcontratistas, todas aquellas personas que desempeñen funciones de dirección o mando en la empresa y aquellas que dirijan o se hallen al cuidado de la obra (por ejemplo, arquitectos técnicos, aparejadores, delineantes etc.).

De un análisis detallado de la jurisprudencia más reciente, se desprende que los Tribunales aplican, cada vez con mayor frecuencia, el tipo delictivo previsto en el artículo 316 del Código Penal, en ocasiones junto con otros tipos, como pueden ser el del homicidio o el de lesiones, cuando concurren los elementos que integran dicho tipo.

Y ello evidencia que es conveniente que los empresarios cumplan con las exigencias de la ley, y adopten todas las medidas de prevención que sean necesarias para así, en lo que a ellos incumbe, poder reducir los elevados índices de siniestralidad que se dan en el sector de la construcción.

 

Adriana Bronte Peñalva
Directora del Área Jurídica Nacional ASEPEYO

Mutua Asepeyo






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Web: www.asepeyo.es
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