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La compraventa de unidades productivas en el marco del procedimiento concursal
 
Fuente: JAUSAS
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Publicado en Togas.biz: 27.11.2008
Publicado en Togas86 - La Vanguardia : 27.11.2008 (leer todos los artículos)

| La compraventa de unidades productivas en el marco del procedimiento concursal FOTO |

Roser Ràfols, socio y Xavier García, asociado. Departamento Concursal y de Reestructuraciones Empresariales de Jausas

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, ha supuesto un cambio en el tratamiento de la insolvencia de las empresas de este país. La Ley introduce importantes novedades con respecto a la vieja normativa contenida en sus precedentes, la Ley de 26 de julio de 1922, de Suspensión de Pagos y el Código de Comercio de 1885. Novedades orientadas a conseguir el objetivo primordial de conservar la actividad económica y la continuación empresarial del concursado. La Exposición de Motivos de la nueva Ley considera como solución normal del concurso la consecución de un convenio de acreedores, concibiendo el convenio de continuación como el instrumento más idóneo para salvar las empresas que se consideren total o parcialmente viables, en beneficio no sólo de los acreedores, sino también de los trabajadores y de la comunidad en general.

Después de más de cuatro años de aplicación de la norma por parte de Juzgados y Tribunales, la realidad que se impone es que la inmensa mayoría de procedimientos concursales acaban con la liquidación de las empresas concursadas, debido principalmente a que las empresas vienen a solicitar el concurso cuando ya es demasiado tarde, es decir, cuando la falta de liquidez es acuciante y la generalización de sus incumplimientos en los pagos a sus acreedores hacen muy difícil la continuación de la actividad.

A pesar de lo anterior y en esta situación de liquidación, la Ley contiene algunos preceptos que permiten interesar o promover la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y servicios de la empresa concursada, siendo consideradas con carácter preferente las ofertas que garanticen la continuidad de la misma o de las unidades productivas, en su caso, y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Hay una gran unanimidad entre los especialistas al considerar que la enajenación unitaria y conjunta de los citados bienes materiales e inmateriales es siempre preferible, desde un punto de vista económico y social, a la realización aislada de los elementos individuales que constituyen el activo de la empresa.

Con la finalidad de favorecer esta solución unitaria y asegurar la viabilidad futura de la actividad productiva, dentro del procedimiento concursal y ya en fase de liquidación, la Ley Concursal en su artículo 149.2 establece que la enajenación de la empresa o unidad productiva será considerada como sucesión de empresa a los efectos laborales. A pesar de esto, el mismo precepto permite al Juez mercantil que en el auto de adjudicación pueda acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial. Asimismo, el mismo artículo también prevé que el adquirente y los representantes de los trabajadores puedan acordar la modificación de las condiciones colectivas de trabajo.

El mencionado artículo adquiere además una mayor importancia si se interpreta “a contrario sensu”. Si la norma establece que únicamente existe sucesión de empresa a los efectos laborales, parece claro que no debe existir tal sucesión en otros ámbitos distintos al laboral. Así, el adquirente no quedaría subrogado en ninguna de las deudas de orden civil, mercantil o tributario de la empresa concursada. Este régimen especial del ámbito concursal supone una excepción a la normativa sobre la Seguridad Social, la cual dispone que, cuando se produce una transmisión de empresa o de una unidad productiva, existe sucesión de empresa y consiguientemente el adquirente es responsable solidario del pago de las deudas con la Seguridad Social generadas por la empresa o la unidad productiva que adquiere.

En el mismo sentido, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,  en su artículo 42.1 dispone que no serán responsables solidarios por las obligaciones tributarias contraídas por el anterior titular y derivadas de su ejercicio los adquirentes de explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal.

A la misma interpretación llega la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) en el Auto núm. 31/2007 de 29 de noviembre, si bien, dada la novedad de la Ley Concursal, debemos advertir que la solución no es pacífica, aunque parece que se puede llegar a imponer como la mejor vía para la conservación y continuidad de las empresas, en el marco de un procedimiento concursal que finalice con liquidación, vía que el legislador ha querido promocionar especialmente en la Ley Concursal.

En este marco, es imprescindible actuar con diligencia y con la máxima antelación posible. El procedimiento concursal debe concebirse como una herramienta de reestructuración. Por ello, es importante que las empresas no demoren la solicitud de concurso, pero también que, ya en sede de concurso, se actúe rápido para poner a la venta la unidad productiva mientras esté en funcionamiento. Sabemos por experiencia que la declaración de concurso de la empresa genera una desconfianza importante en el mercado, suponiendo la pérdida de muchos clientes, el incremento de dificultades con proveedores y con entidades financieras y, sobretodo, una desmotivación de los trabajadores, que acarrea en multitud de ocasiones la huida del personal más cualificado, vital para el normal funcionamiento de la empresa. En definitiva, la falta de un buen asesoramiento legal que establezca una estrategia clara y definida supone la pérdida, a veces irreparable, del valor de la empresa como unidad productiva, que se convierte en un conjunto de bienes individualizados con escaso valor e interés para el mercado.

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