El ejercicio profesional del Derecho penal se ha visto sometido en los últimos años a modificaciones sustanciales. Por un lado, el propio ámbito de la intervención punitiva del Estado se ha ido extendiendo considerablemente, proyectándose de modo muy especial sobre las actividades económicas y profesionales.     

Por otro lado, la complejidad técnica de las nuevas regulaciones contenidas en la Parte especial del Código penal y en las Leyes especiales se ha sumado a las transformaciones experimentadas por la teoría del delito, en su adaptación a los nuevos ámbitos de incidencia del moderno Derecho penal. Además, la práctica procesal penal se ha visto conmovida tanto por la progresiva integración de las garantías constitucionales, que todavía mantiene importantes zonas de penumbra, como por las nuevas formas de procedimiento. En fin, cabe constatar las progresivas europeización e internacionalización del Derecho penal, derivadas de la influencia de la normativa de la Unión Europea y del fenómeno general de la globalización.

Los cuatro fenómenos constatados obligan a un nuevo perfil en los profesionales del asesoramiento y defensa legal en materia de Derecho penal. En primer lugar, se impone la especialización. Sólo la dedicación exclusiva al Derecho penal hace posible la actualización permanente y la profundización de los conocimientos técnico-jurídicos del abogado penalista. El Derecho penal ha dejado de ser el ámbito de la exposición intuitiva más o menos brillante de recursos retóricos, al alcance de cualquiera que tenga un cierto dominio de la oratoria forense. Por el contrario, los argumentos técnicos especializados adquieren, desde el inicio del procedimiento, el papel central, orientado si es posible a la evitación del juicio oral. Ello, en la convicción de que siempre es preferible un auto de sobreseimiento que una sentencia absolutoria: el abogado debe intentar poner fin cuanto antes a la estigmatización pública que el proceso y, al final, "el banquillo" suponen sobre el imputado.

En segundo lugar, se hace obligada la dedicación al Derecho penal preventivo. El carácter difuso que en ciertos ámbitos adquieren las fronteras entre lo lícito y lo punible determina que la toma de cualesquiera decisiones jurídicas o económicas requiera, junto al asesoramiento de los profesionales de otras ramas del Derecho, el necesario concurso del penalista. Sólo éste habrá de despejar las dudas de legalidad que puedan cernirse sobre las empresas o particulares que pretenden alcanzar un determinado objetivo.

En suma, el nuevo Derecho penal requiere también un modelo moderno, ágil y profundamente especializado de abogado penalista que, sin abandonar las características de dimensión humana y trato personalizado que constituyen signos distintivos del ejercicio profesional en este ámbito, esté en condiciones de abordar los retos de una Justicia penal cada día más compleja.

Molins Advocats surgió en 1994 para prestar un asesoramiento cualificado y exclusivo en Derecho penal -preventivo y procesal- a particulares, departamentos jurídicos de empresas e instituciones, así como a aquellos despachos de abogados que, con muy diversas fórmulas de colaboración, optan por confiar sus asuntos o consultas penales a un bufete dedicado exclusivamente a esta especialidad.

La filosofía del bufete tiene dos ejes fundamentales: la formación técnica permanente de sus abogados (todos ellos con titulación universitaria especializada en Derecho penal: máster o cursos de doctorado), garantizada por una estrecha vinculación con la Universidad; y el trabajo en equipo, tanto interno como externo, en particular con los despachos generalistas que recaban el apoyo de Molins Advocats en asuntos con implicaciones penales.

PAU MOLINS AMAT
Abogado y Socio-Director de
Molins Advocats