Pese a la oposición generada, la reforma de la LEC entra en vigor el próximo lunes…

La oposición que se generó sobre la LEC debe matizarse, si bien en un principio yo fui uno de los que se mostró más crítico, a la vista del texto del anteproyecto inicial,  y aún ahora no puedo decir que el texto definitivo me entusiasme,  y que, en conjunto, está lleno de contradicciones.

Sin embargo, con sus deficiencias, podemos decir que, globalmente, hemos realizado un paso adelante con respecto a la norma vigente hasta la fecha.

También debo decir que sería prudente que la entrada en vigor, prevista para el próximo lunes, se aplazara unos cuantos meses – entre tres y seis, calculo que sería lo más adecuado-; y ello no es porque crea necesario un plazo más amplio para estudiar la Ley, para que los profesionales del derecho se adapten, desde el punto de vista jurídico. Al fin y al cabo, siempre que surge una nueva norma, se producen dudas entre dichos profesionales, pero, a la postre, los cambios se asimilan con rapidez y eficacia. De hecho, si bien ya se han detectado posibles problemas para la aplicación de la nueva LEC, la práctica será, en definitiva, la que dicte cuáles son las deficiencias a subsanar.

Así pues, creo que no tiene mayor relevancia que entre en vigor el 8 de enero o dentro de unos meses: hemos tenido un año para analizarla y para llevar a cabo su estudio teórico-práctico. Esta tarea, en definitiva, ya la hemos realizado.

Mis razones para desear un aplazamiento se centran en la convicción de que llegaremos al día 8 de enero con unos medios materiales no totalmente preparados, sin resolver y, francamente,  escasos para la aplicación de esta norma. Y esto que estamos hablando desde Cataluña, que es una Comunidad Autónoma que ha apostado muy fuerte por la correcta aplicación de la nueva LEC: La Generalitat de Cataluña ha realizado un esfuerzo enorme de adecuación de edificios y de medios materiales para poder actuar de forma efectiva desde el momento de la entrada en vigor de esta norma.

Por supuesto, el esfuerzo no se ha realizado sólo en Cataluña; otras Comunidades Autónomas se han preparado para llegar a esta fecha en condiciones. Pero, algunas Autonomías no se han adaptado y se puede afirmar que, globalmente, España no está preparada, en cuanto a medios materiales, para emprender con éxito la aplicación de la LEC. Así, un pequeño plazo adicional antes de su entrada en vigor sería muy aconsejable.

Pese a todo, soy optimista y me atrevería a afirmar que aunque no haya aplazamiento, todo estará a punto y no se producirán males mayores.

¿Qué consecuencias prevé usted a corto y medio plazo?

Pienso que, a corto plazo, cualquier cambio en el sistema genera una serie de disfunciones, y es de prever que, en este caso, también se produzcan.

Por otra parte, creo que la oficina judicial y la planta judicial deberán replantearse su funcionamiento. En primer lugar, serán necesarios más jueces, puesto que la concentración de juicios en un acto de vista oral, como predica la norma, el número de jueces es, claramente, insuficiente. Por otra parte, la plantilla de la oficina judicial, tal como ahora está diseñada, en función de un gran número de tramitaciones escritas, deberá reducirse o, mejor dicho, reorganizarse.  Está por ver, sin embargo, en qué medida será necesario una reducción de efectivos, puesto que, si bien disminuirán las tramitaciones antes mencionadas, también es cierto que, una vez efectuada la vista oral, será necesaria proceder, con celeridad, a la ejecución de la sentencia.

Existe también un elemento que deberá darnos la pauta del efecto de esta Ley:  el monitorio. Para entendernos,  se trata de un procedimiento que empieza por la presentación de una documentación muy elemental y, si el demandado no se opone, inmediatamente se dicta la resolución y, se pasa a la ejecución. Así,  las ejecuciones constituyen un elemento importantísimo dentro del funcionamiento de los juzgados.

En este sentido, creo que uno de los mayores defectos de la nueva LEC es que se ha olvidado de los Secretarios Judiciales, a los que no ha otorgado las competencias que su titulación y su profesión aconsejarían. Una de estas competencias sería, sin ir más lejos, dirigir y velar por la ejecución de las sentencias… en definitiva, habrá que esperar para ver cómo funciona la cuestión a partir del próximo lunes…

¿Y en cuanto a la lentitud de los procesos?

En este sentido también soy relativamente optimista. Creo que el procedimiento vigente hasta ahora es, en gran parte, culpable de la acumulación de expedientes en los juzgados. ¿Por qué? Porque estos procedimientos, siempre por escrito, pasan una y otra vez por las manos del juez, del secretario, del oficial… Si esto lo evitamos, con una única vista oral,  esta acumulación y reiteración de  trabajo desaparecerá.

De este modo, aunque serán necesarios más jueces para atender a las vistas orales,  el trabajo burocrático se reducirá substancialmente. Creo que, a medio plazo, este nuevo procedimiento dará sus frutos. Pondré un ejemplo: si, hoy, un procedimiento, desde que entra en el juzgado, tarda entre ocho y diez meses en resolverse,  con la nueva fórmula, aunque no se señale fecha para la vista oral de una demanda hasta tres o cuatro meses después de su presentación, una vez efectuada la vista, se dispondrá de la sentencia en dos o tres semanas. Si comparamos, con el nuevo sistema es previsible reducir a la mitad el tiempo de resolución. Es una cuestión que está por ver y es difícil de matizar antes de empezar a funcionar.

¿De dónde saldrán los nuevos jueces?

Es un tema a plantearse: un juez no se improvisa de hoy para mañana. Ahora bien,  hay que destacar que, actualmente, hay muchas personas preparadas para ingresar en la carrera judicial.  En general, cuando pensamos en nuevos jueces, siempre nos referimos a  los licenciados en Derecho que se presentan a oposiciones y, a continuación, pasan dos años en la Escuela Judicial. Sin embargo, existe otra vía para acceder a la carrera judicial, que siempre ha dado unos excelentes resultados. Se trata de lo que llamamos el “Cuarto Turno”: la vía de ingreso de los juristas que, ya con una experiencia judicial de 15 o 20 años, se incorporan directamente a la categoría de Magistrado y, también directamente, pasan a ejercer como jueces. Se trata de profesionales cargados de experiencia que, por descontado, no deben pasar por la Escuela Judicial.

Pero, considerando la retribución actual de los jueces, que no se corresponde en absoluto con el papel social y moral que desempeñan en nuestra sociedad,  no será fácil que un abogado de experiencia opte por la carrera judicial…

Lo que dice usted es muy cierto. La retribución no está, ni de lejos, a la altura de la responsabilidad, de la función que desempeña el juez en beneficio de la sociedad; muchos profesionales que podrían ejercer como jueces con total efectividad renuncian a dar este paso.

Aún así, el próximo día 9 se incorporarán 18 nuevos jueces procedentes de este Cuarto Turno.

Por otra parte, también es cierto que, por esta vía, es más fácil cubrir plazas en ciudades como Barcelona o Madrid que en otras localidades peor retribuidas. Otro punto que también hay que tener presente es que, retribución insuficiente aparte, acceder a la carrera judicial puede implicar, en muchos casos, un cambio de residencia que, especialmente en el caso del Cuarto Turno, puede suponer un esfuerzo familiar adicional.

Con el presupuesto actual, a todas luces insuficiente hasta la fecha ¿es posible aplicar la reforma?

Es evidente que es necesario un aumento sustancial del presupuesto.  Y, por lo que sé, según declaraciones del Ministro y del Secretario de Estado de Justicia, no están por la labor de invertir. Precisamente, en unas Jornadas del Col·legi d’Advocats de Barcelona el Secretario de Estado llevó a cabo una serie de juegos malabares numéricos para demostrar que la Justicia en nuestro país estaba a nivel europeo cuando, en realidad, en España invertimos el 0,7% en este estamento, lejos de las cifras del resto de Europa. Sí es cierto que el presupuesto ha aumentado en un 11% pero, lamentablemente, este porcentaje se refiere al antes dicho 0,7%, con lo cual es fácil deducir que el aumento es, por darle un calificativo adecuado, completamente ridículo.

Está claro que esto no es serio y que, si no aumentamos el presupuesto, difícilmente solventaremos los problemas. Aquí quiero mencionar que hace 15 años que estamos esperando una Ley de Retribuciones digna, a la altura de la responsabilidad inherente a la función de los jueces.

Para más detalles, la LEC se ha presentado sin dotación económica, al igual que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que entra en vigor el 13 de enero… (y para cuya aplicación se necesitarán ingentes cantidades de dinero).  Se puede decir que obviar la cuestión económica es una práctica habitual en nuestro país y, por supuesto, ello acarreará problemas, especialmente en estos dos casos.  También ocurre que las leyes se redactan y aprueban en el Parlamento Español y, en muchas ocasiones no se tiene presente que las Autonomías con competencias transferidas en materia de Justicia deben tener presupuesto destinado a su aplicación. Las cifras que se barajan son muy importantes y, en consecuencia, no se pueden improvisar.

No hay vuelta de hoja: sin dinero las cosas no funcionan y no se puede basar el funcionamiento del estamento judicial en la buena voluntad de sus efectivos humanos.

Es evidente que una retribución atractiva contribuiría a paliar la tan cacareada desertización de la carrera judicial.

Por otra parte, según una encuesta realizada a través de Internet por el Col·legi d’Advocats de Barcelona, cerca del 80% de los abogados afirman no estar preparados para la entrada en vigor de la nueva LEC. ¿…?

La verdad es que creo que el hecho de sentirse preparado es una cuestión muy subjetiva. Ya lo decía al principio de esta conversación: siempre que hay cambios, hay incertidumbre.

Veremos qué ocurre en el momento de la entrada en vigor de la Ley pero, de la misma forma que creo que se producirán problemas en la estructura judicial, es muy probable que se generen problemas en la estructura de los despachos de abogados, especialmente en los de pequeñas dimensiones.

La adaptación será complicada pero, insisto, únicamente en el aspecto estructural, no en el aspecto técnico de capacitación personal de los profesionales que, sin duda, no constituirá ningún problema, aunque sí un reto.

Es por ello que, así como creo necesario un aplazamiento para adecuar los medios materiales a la nueva Ley, también creo, aunque parezca incongruente; que cuanto antes entre en vigor la reforma, antes se solucionarán los posibles problemas que puedan plantearse a los profesionales del Derecho.