 “El nuevo texto de esta norma introduce fórmulas idealistas e irrealizables, que colapsarán a corto plazo la Justicia, y no garantiza el derecho a la defensa, lo que choca directamente con la Constitución”
El Presidente del Consejo General de la Abogacía, Eugenio Gay, lamentó la aprobación in extremis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el pasado jueves 16 de diciembre, y confía en que el texto sea recurrido en breve por inconstitucional. El Presidente opinó que “lo siento por la Justicia y por los ciudadanos, y lamento que, en una cuestión de Estado, se haya actuado con mentalidad partidista y no se haya sabido escuchar a quienes intervienen en la administración de la Justicia”. Añadió que el Ministerio de Justicia “no ha sabido liderar ese auténtico pacto de Estado en materia de Justicia, que supone una necesidad social de primer orden”, y recriminó el empeño gubernamental por tramitar precipitadamente una Ley de Enjuiciamiento Civil “que no cuenta con el consenso de todos los partidos políticos y sí tiene el rechazo absoluto de muchos operadores jurídicos” subrayó Eugenio Gay manifestó también que, sobre el texto definitivo de la Ley procesal civil, debería interponerse recurso de inconstitucionalidad, por cuanto una simple ley regula cuestiones con reserva de ley orgánica. En este sentido, denunció que el Ministerio de Justicia utilizó el paso del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil por el Senado para salvar “subrepticiamente y de forma inconstitucional” el rechazo expresado previamente por el Congreso de Diputados a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En concreto, recordó que “la Ley de Enjuiciamiento Civil necesitaba el acompañamiento de una reforma mediante Ley Orgánica, porque se desdobla el órgano jurisdiccional que conoce de recursos de casación: el recurso por infracción de ley es visto por el Tribunal Supremo, mientras que el recurso por quebrantamiento de forma, pasa a los tribunales Superiores de Justicia, que adquirirían, así, competencias como órganos de última instancia”. El pasado 23 de septiembre, en el Congreso de los diputados, “todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo”, añadió, “en que ese proyecto de Ley Orgánica de Acompañamiento no se había consensuado suficientemente, y fue rechazado”. “Nuestra sorpresa”, prosiguió, “es que en el Senado se han aprobado una serie de enmiendas, presentadas por el propio Partido Popular, entre las que está la inclusión, en la Disposición Final 16. Bis, de una disposición transitoria que establece que, mientras no haya ley orgánica, los recursos de casación por quebrantamiento de forma serán conocidos por el Tribunal Supremo; es decir, con una disposición adicional se pretende corregir algo que cuenta con reserva de ley orgánica, y que había recibido la oposición de todos los grupos parlamentarios del Congreso”. Insistió en que, con esa enmienda en el Senado, el Gobierno ha modificado “subrepticiamente” el resultado de la votación del Congreso de los Diputados del pasado 23 de septiembre, cuando todos los grupos parlamentarios, salvo el Popular, rechazaron la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una reforma necesaria para que pudiesen entrar en vigor muchas de las reformas operadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por otra parte, señaló que la ley “perjudica la inmediación judicial, introduce fórmulas idealistas e irrealizables, que colapsarán a corto plazo la Justicia, y no garantiza el derecho de defensa, lo que choca frontalmente con la Constitución”. Eugenio Gay concluyó que la Ley de Enjuiciamiento Civil tendrá un “efecto catastrófico para el conjunto de la Justicia en nuestro país y, además, deja el recurso de casación en una situación sumamente precaria, sin una ley orgánica que lo ampare”.
Pilar Almuzara
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