Los que tenemos atribuidas responsabilidades en materia de formación universitaria debemos ante todo plantearnos la función que esta formación debe cumplir.

En el ámbito europeo recibimos a los estudiantes en las diferentes carreras a una edad temprana. Ello nos diferencia del sistema norteamericano, donde la primera fase de la formación universitaria tiene carácter generalista. Nuestro sistema obliga a que el diseño de cada carrera tenga presente en primer lugar la cobertura de los contenidos mínimos exigidos para la especialización en el campo que le es propio. Sin embargo, todos debemos ser conscientes de que, al propio tiempo, debe completarse la tarea de proporcionar una formación general a los estudiantes. En la Universidad, estos jóvenes ciudadanos, que acaban de alcanzar la mayoría de edad, deben ante todo, formarse en el ejercicio de la libertad.

En una carrera de Derecho debemos, pues, compaginar la función de formación integral con el aprendizaje del Derecho. Si no queremos descuidar la primera función, debemos enseñarles a dialogar, a respetar las distintas opciones, a entender que la realidad, y muy particularmente la realidad jurídica, no es un elemento inmutable y ajeno, sino un fenómeno dinámico y, en determinadas circunstancias, se debe actuar. Para ello, debemos ofrecer a nuestros estudiantes instrumentos para la comprensión del entorno cultural y económico que encuadra el mundo del Derecho. Al propio tiempo, debemos enseñarles a razonar jurídicamente y a expresar estos razonamientos de forma adecuada.

Se trata, pues, de combinar la interdisciplinariedad con la inmersión en el Derecho, la comprensión de la Ley con la del entorno del que es tributaria. La adecuada selección de los contenidos, unida a un método de enseñanza dirigido a activar las potencialidades del estudiante, son elementos clave para conseguir los indicados objetivos.

Con todo ello, no debemos olvidar que la licenciatura de Derecho pretende, primordialmente, preparar a los juristas que la sociedad va a necesitar en el futuro. La inversión que la sociedad realiza en cada estudiante, sea a través de la financiación pública o sea a través del esfuerzo familiar, es lo suficientemente elevada como para que podamos correr el riesgo de perder la perspectiva adecuada. Y esto, aunque parezca una obviedad, es necesario remarcarlo, por cuanto existe una marcada tendencia en nuestra Universidad a olvidar que la carrera universitaria es el necesario preámbulo de la futura carrera profesional.

En esta dirección es preciso que las líneas de comunicación entre el mundo universitario y el mundo profesional sean fluidas. En el ámbito jurídico es necesario que los profesionales en ejercicio, abogados, jueces, notarios y registradores, participen de una u otra forma en la Universidad.

El segundo ciclo de la carrera debe aprovecharse para completar la formación del futuro jurista y para acercarle a lo que posteriormente será el ejercicio de la profesión. La visión parcelada del Derecho que se da en las asignaturas troncales debe completarse con una aproximación integradora. Los métodos basados en la técnica del caso deben adquirir un peso decisivo. A través de una adecuada configuración de la optatividad, que adquiere una mayor carga en los últimos cursos, debe acercarse la carrera a las nuevas corrientes que se generan en la práctica jurídica.

Al tiempo que los profesionales contribuyen a dinamizar la enseñanza universitaria, la Universidad debe proporcionar la formación permanente que, cada vez más, estos profesionales demandan. Esto que puede afirmarse con carácter general, es especialmente cierto en el campo del Derecho. La continua mutación que sufre nuestro sistema normativo, como consecuencia de los avances tecnológicos y la internacionalización de la economía, hacen cada vez más precisa una constante actualización. Es preciso que la Universidad dé respuesta a estas demandas sociales,  constituyéndose en foro de debate y centro de formación continuada para los juristas en ejercicio.

El nuevo escenario en el que progresivamente nos sumergimos, dominado por nuevas tecnologías y por la generalización de las comunicaciones a distancia, requiere de estructuras socio-económicas más flexibles. La Universidad no puede ser ajena a esta demanda. Su tradicional conservadurismo estructural no debe impedir la generación de nuevas formas de colaboración e interacción con el resto de la sociedad. Porque si no responde, otras instituciones –universitarias o no- llenarán el espacio creado por las nuevas demandas sociales.

Miguel Trías. Decano de la Facultad de Derecho de ESADE