Pere Ma Comas i Miralles y Montserrat Pinyol i Pina, advocats i socis

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que desde el año 2002, se viene produciendo una reforma de gran calado en el sistema de jurídico catalán regulador, por una parte, de la ordenación del territorio y por otro, de la planificación y la gestión urbanística.

Estas importantes modificaciones comportaran una nueva manera de ver y analizar el territorio y los desarrollos urbanos, y por ello, los aprovechamientos, pero también las cargas y las obligaciones urbanísticas.

En estas breves notas sólo pretendemos formular una sinóptica “guía de campo” para aproximarnos a ese nuevo marco legal. Empecemos por la legislación estatal en lo que tenga de básica.

LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL SUELO Y VALORACIONES DE 1998

Este proyecto (actualmente en el Senado), tiene un doble alcance. Por una parte, prevé una serie de medidas de carácter fundamentalmente instrumental para abordar problemas estructurales: a) El crecimiento urbano sostenible; b) El fomento de la vivienda protegida y c) La lucha contra la especulación.

Por otro lado, y quizá menos tratado por la prensa pero de especial transcendencia, introduce en nuestro sistema jurídico un cambio radical en relación con el contenido del valor de la propiedad inmobiliaria, desvinculándolo por completo de las expectativas urbanísticas. Este cambio tendrá indudables efectos “cascada” en las expropiaciones, las reparcelaciones, las reformas urbanas, y también, en las valoraciones catastrales, valoraciones hipotecarias, valoraciones de activos empresariales, etc.

LA LEY 9/2006, DE EVALUACIÓN ESTRATÈGICA MEDIO AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS (LEY DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2001/42/CE

El ejecutivo español ha tardado más de la cuenta en transponer la directiva del año 2001, y ello puede afectar a planeamientos ya aprobados.Por primera vez la planificación de los desarrollos urbanos o su transformación, deberán asumir el territorio como un concepto integral, en el marco de un desarrollo sostenible.

LAS MODIFICACIONES DE LA LEGISLACIÓN CATALANA.

Hasta el año 2002, Cataluña fue especialmente conservadora en el ejercicio de sus competencias en materia de ordenación del territorio y del urbanismo. No podemos en este artículo más que efectuar una relación de los cambios normativos.

En primer lugar, destacar la ley Orgánica 6/2006, que aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, ahora en manos del Tribunal Constitucional, si bien en la materia que nos ocupa, y ocurra lo que ocurra, difícilmente se alterará los presupuestos básicos de actuación que conocemos

LA NUEVA LEGISLACIÓN CATALANA QUE AFECTA A LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y QUE INCIDE EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

Destacar la ley 9/2003, de movilidad; la ley 8/2005, del paisaje; el decreto 142/2005, desarrollando la ley (muy poco usada hasta la fecha), del año 1983, de política territorial, y la nueva ley 18/2005, de 27 de diciembre de equipamientos comerciales.

Anotar que el goteo de planes territoriales parciales es constante y altera significativamente la escala de la planificación territorial y urbanística. Hay que sumar también a ello los planes directores territoriales, como los del año 2005 que afectan a todo el litoral catalán y la propuesta en relación con la red europea de espacios protegidos Xarxa Natura 2000.

LA NUEVA LEGISLACIÓN CATALANA URBANÍSTICA

El DL 1 /2005, aprobó el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, y el pasado verano, se publicó el reglamento que culminó la reforma de los años 2002-2004

La ley de barrios del 2004. Una ley pionera en España que supone un significativo esfuerzo de inversión pública y que, a su vez, está provocando inversiones privadas en los ámbitos seleccionados para su reforma.

LA VIVIENDA

Cataluña ha hecho un esfuerzo específico para abordar la problemática de la vivienda. Uno de los objetivos fundamentales de la reforma de la Ley del 2002 fue incrementar la obtención de suelo destinado a vivienda protegida. Luego se aprobó el decreto 244/2005, de actualización del Plan del Derecho a la vivienda y actualmente hay en trámite la Ley del Derecho a la vivienda.