¿Cuál es, hoy, la función y los objetivos principales del Colegio?

Los colegios profesionales, históricamente, surgen porque la Administración les delega sus facultades de “policía administrativa”. Básicamente, en el caso de los abogados se trata de la delegación de la regulación de las minutas, y de la observación de una ética necesaria en el ejercicio de la profesión.

A esta tarea, casi todos los colegios profesionales han añadido la de hacerse cargo de la representación de los profesionales colegiados. Así, en muchos casos, la mayoría de los colegiados están en contra del colegio que les representa, puesto que, en muchos casos, tienen la sensación de que únicamente pagan sus cuotas para que los componentes de la Junta les fiscalicen y se gasten sus aportaciones en viajes o en beneficio de su propia proyección profesional.

 El objetivo es, pues, tratar de aprovechar esta plataforma para intentar dar un buen servicio al colectivo de abogados.  Por supuesto, el aspecto histórico del Colegio, su función de control debe seguir existiendo, así como las cuestiones administrativas y protocolarias. Sin embargo, desde la actual Junta queremos, hoy, potenciar especialmente la defensa de los derechos corporativos, siempre, por supuesto, manteniendo unos principios éticos muy estrictos necesarios en esta profesión. Sin ir más lejos, uno de los puntos candentes actualmente es la cuestión del trato inadmisible que la Administración da al Turno de Oficio: estos profesionales cobran por su trabajo aproximadamente un 20% de las minutas mínimas que el Colegio establece.

También la prestación de servicios a los profesionales del derecho y sus familias (seguros, asistencia médica, etc…) son temas que queremos potenciar en lo posible.

Para el ciudadano corriente, el mundo del derecho  ha sido siempre un mundo aparte, difícilmente comprensible, ¿cuál cree que es la razón para que la abogacía, en cierto modo, se haya desprestigiado?

Hace veinte o treinta años, en Barcelona había unos 2.000 abogados en ejercicio, que se ganaban muy bien la vida y constituían un colectivo de elite. Hoy, somos 15.000 colegiados en Barcelona (en 15 años se ha triplicado el censo), lo cual ha masificado la profesión y, en consecuencia, ya no se trata de una profesión privilegiada.

Este crecimiento desmesurado se ha encontrado con unas estructuras organizativas ancladas en el pasado,  y, no siendo ya una profesión privilegiada, creo, y lo he dicho en diversas conferencias, que la abogacía ha de perder su “complejo de superioridad” y asumir la realidad del presente.

Háblenos de  la campaña publicitaria  institucional que está llevando a cabo el Colegio…

Asumida la realidad y conscientes de que muchos ciudadanos descon-fían de la abogacía en general, el Colegio ha puesto en marcha una campaña institucional para recuperar el prestigio perdido, por otra parte absolutamente necesario para poder desempeñar eficazmente nuestra profesión.  Hemos, pues, liberalizado la publicidad por parte de los abogados, siempre ateniéndonos a un estricto reglamento. Esta campaña está creando la conciencia de que, en muchos casos, lo mejor es recurrir a los servicios de un abogado para evitar males mayores.  Estamos convencidos de que el hecho de que un abogado en concreto se publicite aconsejando al ciudadano en temas relacionados con la justicia, redunda, a buen seguro, en beneficio de toda la profesión, ya que da a conocer nuestra gestión y las ventajas que para el ciudadano supone recurrir, a tiempo, a nuestro colectivo.

Es cierto que, actualmente, el abogado tiene mala fama. Nuestro objetivo es cambiar esta imagen. El abogado no ha de ser una persona distante, un personaje altivo que utiliza una jerga incomprensible. Se trata de conseguir, de algún modo, crear la figura del “abogado de cabecera”, al igual que existe el “médico de cabecera”.

Pretendemos, con nuestra campaña institucional, alcanzar este objetivo de acercar la abogacía al ciudadano.

Los abogados en general se quejan de intrusismo de profesionales de otros sectores (auditores, gestores, administradores de fincas, etc.) ¿Cuál es su opinión al respecto?

No me gusta, en este caso, hablar de intrusismo. El intrusismo lo realiza quien, sin estar cualificado, lleva a cabo trabajos fuera de su alcance. El caso de auditores, gestores, etc. no es éste.

Considero que hay que hablar de “concurrencia profesional”. Son profesionales que pueden gestionar algunos asuntos que coinciden con la labor tradicional de los abogados. Su preparación es, sin lugar a dudas, inferior a la nuestra, pero se han especializado en un tema muy concreto, en el que centran toda su actividad.

El camino para conseguir que la población acuda al abogado pasa por represtigiar la profesión, no por desprestigiar la de los demás.

El público, generalmente, tiene reticencias a acudir a un abogado por miedo al posible gasto que ello le puede suponer. ¿Son muy elevadas las tarifas? ¿Qué argumento utilizaría Vd. para eliminar esta impresión?

Recurrir al abogado no es ni más ni menos caro que recurrir a cualquier profesional de otro campo.

Al contrario, e incidiendo en el lema de nuestra actual campaña, “un abogado, más que ayudarte a ganar un juicio, puede ayudarte a evitarlo”. Un buen asesoramiento legal en temas fiscales, administrativos, inmobiliarios, puede suponer un ahorro substancial a largo plazo.

Por supuesto, existen bufetes de gran prestigio cuyas tarifas son muy elevadas, pero también existen multitud de profesionales, de menor proyección social, que son excelentes abogados y cuyas tarifas son absolutamente asequibles.

Para mí, un argumento definitivo para acudir a un abogado para las cuestiones arriba mencionadas se resume en que éste, no sólo proporciona un perfecto asesoramiento legal sino que, además, tiene una visión jurídica global de la que carecen otros profesionales y, por tanto, puede prever cualquier tipo de circunstancia, positiva o negativa, y sugerir la mejor opción a su cliente, en cada caso, evitando en muchas ocasiones males mayores.