España va bien, ¿la justicia también?

El camino para reformar la justicia en España es largo. Sin embargo, este gobierno ha hecho mucho para avanzar lo más rápido posible y conseguir que los ciudadanos de este país tengan la justicia que se merecen, que no es otra que una justicia rápida, eficaz y ágil, con capacidad para responder a las demandas de la sociedad y a los intereses de los justiciables. En estos tres años y medio, hemos reformado la jurisdicción Contencioso-Administrativa con la creación de 154 nuevos juzgados y con la previsión de entrada en funcionamiento de otros 26 para el año 2000. Cabe resaltar que esta jurisdicción era la que sufría un mayor atasco en los tribunales. Los nuevos juzgados están permitiendo que sentencias que antes tardaban en resolverse tres años, ahora vean la luz en dos meses y medio. Estamos sentando las bases para que la justicia en nuestro país emprenda el vuelo de la normalización.

Es innegable que la Justicia, en nuestro país, es excesivamente lenta. ¿Hay que ponerse al día en cuanto a medios, tanto humanos como técnicos?

Hemos hecho y estamos haciendo un gran esfuerzo por dotar a la administración de justicia española de los medios materiales y personales que necesita. En lo que va de legislatura, nuestro presupuesto ha crecido más de un 34%; hemos creado 374 plazas de jueces y magistrados, y para el año 2000 están previstas otras 152. La importancia de estos números resalta, aún más, cuando vemos que se han superado ya, con creces, las 300 plazas que, hace dos años, pedía como necesarias el Libro Blanco de la Justicia, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial.

Comparándolo con la legislatura anterior, este número de plazas es más del cuádruple de las creadas entonces. Hemos creado también 233 plazas de fiscales. En total, cuando termine esta legislatura, habremos creado más de 5.900 plazas de personal al servicio de la Administración de Justicia, frente a las 426 de la pasada. Además, hemos desarrollado un ambicioso proyecto de informatización de todos los órganos judiciales que dependen del Ministerio y que estará prácticamente terminado a final de año.

¿Cuál es su valoración al respecto de la reforma de la LEC? ¿Por qué tanta oposición por parte de muchos profesionales del derecho?

Mi valoración, como no podía ser menos, es de satisfacción. Llevamos al Parlamento la ley más larga de la democracia. El Parlamento, votación tras votación, y siempre por mayoría, muchas veces mucho más amplia que la requerida, aprobó la Ley de Enjuiciamiento Civil. La jurisdicción civil es la segunda con mayores atascos en nuestro país. Desde mi entrada en el Ministerio, me propuse atajar las dos jurisdicciones con mayores retrasos. Conseguida la reforma de la Contencioso-Administrativa, era necesario, no para el gobierno, ni para los profesionales del derecho, sino para los ciudadanos, que el Congreso de los Diputados diese el espaldarazo definitivo a esta ley.

La actual Ley de Enjuiciamiento Civil data del siglo pasado. Con la nueva, que estará aprobada antes de que termine la legislatura, se reducen drásticamente los procesos. Se introduce el proceso monitorio, la ejecución forzosa sin fianza. En definitiva, hemos hecho una ley que, respetando las garantías procesales, agilizará drásticamente la jurisdicción civil. La ley ha recibido, durante todo este tiempo, innumerables apoyos. No olvidemos que la ley contaba con informes favorables del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, de las asociaciones mayoritarias de jueces, fiscales, secretarios judiciales, así como de la mayoría de los procesalistas de este país. Además, muchos colectivos económicos, empresariales y financieros han mostrado su apoyo público a la ley y a la

necesidad de que se aprobase.

Para finalizar: ¿Cuál ha sido la aportación de este Gobierno a la trasparencia e independencia de la Justicia?

Desde su llegada al poder, este gobierno adquirió el compromiso de respetar absolutamente la independencia de los jueces y sus decisiones. Esta postura ha tenido sus pros y sus contras. Se trata, sin duda, de una postura incómoda, pero hemos creído (y yo, como juez de carrera, lo creo firmemente), que era la mejor forma que tenía el gobierno de contribuir al estado de derecho que nos hemos dado. El poder judicial es, y debe ser, independiente del ejecutivo. Así, nos hemos alejado de toda injerencia para respetar el trabajo de los jueces.