El sector de la edición jurídica sigue siendo un gran desconocido en España y a cuya existencia se suele asociar generalmente la imagen del Boletín Oficial del Estado, o la seriedad que transmiten la alineación de los volúmenes de colecciones de repertorios de jurisprudencia y legislación de Aranzadi que adornan los anaqueles de los despachos o bien la presencia habitual del último número de alguna revista jurídica asentada que logra conquistar un rincón del codiciado espacio de las mesas de los despachos de abogados, como ocurre con la reputada Economist & Jurist.

“…el sector de la edición jurídica sigue siendo un gran desconocido en España…”

Las razones de esta realidad, sin duda, obedecen a factores varios. Por una parte la inexistencia de informes “ad hoc”. Por otra, exceptuando al BOE por su peso desequilibrante y por ello no representativo para el estudio del sector de la edición jurídica, cabe apreciar tres sustratos según se desprende de un exhaustivo e interesante estudio al que hemos tenido acceso y que recoge los datos de las cuentas publicadas en el Registro Mercantil en los últimos cinco años (2002-2006).

“…el sustrato intermedio que es sin duda el más interesante en tanto se aprecian los movimientos más llamativos de las editoriales españolas…,”

El primer tramo estaría conformado por las grandes Editoriales que, en líneas generales se mantienen sin cambios, con un ranking siempre capitaneado por Aranzadi acompañada por La Ley, su eterna perseguidora, seguida también de El Derecho. Otro, el sustrato intermedio que es sin duda el más interesante en tanto se aprecian los movimientos más llamativos de las editoriales españolas que o bien son las que más crecen, como es el caso espectacular del Grupo Difusión (Difusión Jurídica y Temas de Actualidad) que ha pasado en estos 5 años del puesto 12 del ranking, a pugnar por el quinto lugar, triplicando su facturación con unos últimos resultados publicados próximos a los cuatro millones y medio de euros, o bien, se trata de editoriales que se mantienen con dificultad. Por último estaría el tramo bajo de las compañías que no llegan a los dos millones de euros de facturación pero con una trayectoria reconocida  como es el caso de J. M. Bosch o la editorial Bosch.

“La situación de partida en el análisis del sector se caracteriza por la ausencia de datos y su atomización…”

Pero la falta de concreción del sector tiene su reflejo en la propia Federación de Gremios de Editores de España, que ni siquiera en su capítulo de editoriales jurídicas, que ha venido presidiendo Miguel Angel Gimeno, logra reunir a todas aquellas que se podrían denominar ciertamente como jurídicas, entiéndase aquéllas cuyo objeto editorial principal es la edición de contenidos jurídicos. A esto hay que sumar su cohabitación con una auténtica pléyade de sellos editoriales, que en “estrictu sensu” no cabría conceptuarlos como jurídicos en tanto que esporádicamente, muy de tarde en tarde, lanzan obras de índole jurídica. Todo ello supone una situación de partida en el análisis del sector caracterizada por la ausencia de datos y su atomización. Falta de información que de vez en cuando se rompe con alguna noticia que salta a los medios en tanto afecta a este segmento de la industria editorial o bien viene focalizada en alguna vicisitud que atañe a una o varias de las empresas más representativas del sector.

En este sentido, se viene constatando en los últimos meses un repunte en la actividad en este campo. A destacar la compra y fusiones entre editoriales de diverso tamaño (como ha sido recientemente la compra de Europea del Derecho por La Ley), la entrada en el sector de los fondos de capital riesgo, y los incesantes rumores cada vez más extendidos de proseguir con la tendencia hacia la desnacionalización del sector, ya emprendida hace unos años con la entrada en España de la multinacional holandesa Wolters Kluwer (propietaria en la actualidad de La Ley, Colex Data y CISS), y más tarde la anglo-americana Thomson (propietaria hoy día de Aranzadi y Civitas).

“…el cambio de modelo que se viene operando en el sector con una tendencia ya imparable hacia el modelo on line…”

A ello hemos de sumar otros factores como son el cambio de modelo que se viene operando en el sector con una tendencia ya imparable hacia el modelo on line y todas las ventajas que comporta Internet (inmediatez de acceso a la información, su permanente actualización, posibilidades de plena interacción con el usuario de la información, la ausencia de límites en el volumen de los contenidos a aportar, la ibicuidad al tener la información en el lugar que se quiera, la navegabilidad en la información y -sobre todo- las innumerables posibilidades de personalización en la exposición de los contenidos).

En el estudio al que hemos tenido acceso se deduce con claridad que todas aquellas editoriales que han apostado y sabido reconducir su modelo editorial hacia Internet son las que más crecen -caso Grupo Difusión- frente a las que han optado por el modelo de negocio de la edición en papel (Comares, Dijusa, …). En este sentido, hay que tener muy presente que en el borrador de los Presupuestos Generales Oficiales del Estado para el ejercicio 2008 ya se establecen medidas encaminadas a que se haga efectivo en el 2.009 la erradicación de la versión impresa (papel) del BOE, lo que supondrá un auténtico “apagón” que conllevará efectos jurídicos muy interesantes (pensemos en el desarrollo de los propios actos de firma, promulgación y sanción por el Jefe del Estado de las normas que han de salir publicadas).

También a estudiar son los fenómenos como la Wikipedia, el papel a jugar por las redes sociales, y la cultura del acceso libre a la información que podemos encontrar su máxima expresión en el proyecto -cada vez más extendido en las universidades europeas- del Open Course Ware (OCW) o  “material docente libre”, y que ya empieza a tener su traslación a nuestro ordenamiento jurídico con ocasión de la publicación hace unos meses de la Ley sobre Reutilización de la Información del Sector Público, norma destinada a dar traslado a nuestro ordenamiento de las exigencias marcadas en este sentido por la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de noviembre de 2003 relativa a la reutilización de la información del sector público.

En definitiva, estamos en un momento de sumo interés en el panorama editorial en general y en el de la edición jurídica, en particular, en el que la apuesta por Internet, la decidida implementación de la calidad en los procesos de negocio, y el saber adecuar la oferta al cliente, se presentan como las pautas que están determinando y, sin duda así continuarán, el éxito o el fracaso de las editoriales.