Andrea Garcés, Socia de Ventura Garcés & López-Ibor Advocats

Las marcas constituyen un importante activo empresarial, otorgando a las empresas valor financiero y comercial, al propio tiempo que confieren a los productos o servicios que distinguen una identidad propia y un posicionamiento en el mercado.

Por este motivo, las empresas tienen interés en defender sus marcas, definiendo e implementando su plan de acción contra la falsificación y la piratería, que amenazan cada vez más gravemente la competitividad de las empresas comunitarias.

La Comisión de las Comunidades Europeas, en su “Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo, relativa a una respuesta aduanera a las últimas tendencias en la falsificación y la piratería” (publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 18 de marzo de 2006), llegaba a la conclusión de que el fuerte crecimiento de la producción de falsificaciones en Asia, especialmente en China, obligaba a la Unión Europea a hacer frente a una avalancha de productos falsificados cada vez de mayor calidad.

La mencionada Comunicación de la Comisión ofrece una evaluación alarmante de la situación, destacando un preocupante aumento de las incautaciones registradas en las aduanas de la Unión Europea, que afectan a más de 100 millones de artículos al año, valorados en 2.000 millones de euros anuales. Resulta, además, que las falsificaciones son cada vez de mayor calidad y que la diversidad de productos aumenta constantemente, apareciendo cada día mercancías más sofisticadas (como productos de alta tecnología), que afectan a la salud y seguridad de las personas (productos alimenticios, farmacéuticos, etc) y que cada vez  resultan más difícil de distinguir respecto de las mercancías originales.

En el Plan de Acción recomendado por la Comisión en la referida Comunicación, figura como objetivo mejorar la cooperación entre los servicios de aduanas y el sector empresarial, sugiriendo un plan de acción que anime a las empresas a adoptar un enfoque más activo y una mayor implicación en la lucha contra la producción ilícita junto con las autoridades de control, con el fin de que éstas puedan aplicar la legislación de forma eficaz.

Para ello, es imprescindible instrumentar, con la ayuda coordinada de las policías locales y de las autoridades aduaneras, una vigilancia específica dirigida a proteger las inversiones empresariales y reforzar la protección de los derechos exclusivos de la marca y de los productos que con ella se distinguen.

La actuación de las policías locales y de las autoridades aduaneras, mediante la realización de entradas y registros e incautaciones de mercancías falsificadas o piratas, seguida por el enjuiciamiento de los hechos por los Juzgados y Tribunales, constituye hoy en día un mecanismo necesario de defensa de las marcas.

El abogado eficaz debe desarrollar una labor de director de orquesta para coordinar la actuación policial y aduanera, instrumentar los mecanismos judiciales que correspondan en cada caso y dirigir los esfuerzos y los recursos empresariales a la obtención de resultados, que se materializan, a lo largo del tiempo, en una disminución palpable de las mercancías falsificadas o piratas en el mercado y en la obtención de indemnizaciones que animen a las empresas a seguir con la defensa de sus marcas.

Sin embargo, el papel más importante y destacado en la labor de defensa de la marca corresponde a la propia empresa, que debe tomar conciencia de la necesidad de definir un plan estratégico para la persecución de las falsificaciones, a partir del cual los instrumentos y mecanismos de defensa de la marca puedan empezar a desplegar sus efectos mediante una dirección jurídica adecuada, logrando mejorar la cooperación entre las autoridades y el sector empresarial, razonablemente sugerida en el Plan de Acción de la Comisión Europea.