Ignasi Costas, Socio  y Alberto Ouro, Abogado

La fuerte competencia de países emergentes en industrias tradicionales ha obligado a prestar especial atención a las políticas públicas de promoción de sectores como el de la biotecnología, ante la necesidad de impulsar empresas de alto valor añadido.

No obstante, la biotecnología se encuentra todavía con importantes obstáculos en nuestro país, algunos derivados del marco normativo vigente, que no tiene en consideración sus características y necesidades específicas, dificultando la creación y desarrollo de proyectos empresariales en dicho ámbito.

En primer lugar, las empresas biotecnológicas se caracterizan por una fuerte necesidad financiera para el desarrollo de sus actividades de investigación, antes de obtener resultados susceptibles de comercialización. Así, en tanto la recuperación de las inversiones se plantea a largo plazo, la financiación externa en los primeros años es fundamental.

Actualmente, las principales fuentes de financiación son las ayudas y subvenciones a la investigación promovidas por las diferentes Administraciones Públicas, y las inversiones de unas pocas entidades de capital riesgo. Sin embargo, la financiación por parte de inversores privados, y en  particular la de los business angels, que además de recursos económicos pueden aportar acompañamiento y gestión profesionalizada, especialmente importante por el perfil técnico-científico de los emprendedores, está lastrada por un régimen fiscal más gravoso respecto al previsto, por ejemplo, para el capital riesgo.

Asimismo, la reciente creación del mercado de empresas en expansión del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), como medida para facilitar el acceso a mercados de valores, es una buena noticia, al adaptar su regulación a las características específicas de este tipo de empresas, y permitir que inversores hasta ahora alejados del sector puedan invertir con mayores posibilidades de información y seguridad jurídica. No obstante, la aprobación de mercados similares en otros países ha venido acompañada de incentivos fiscales, para compensar el mayor riesgo que se asume en inversiones en proyectos de nuevas tecnologías.

Para concluir con la financiación, es un avance la creciente aparición de fondos de inversión especializados en el sector, pero, siguiendo la tendencia internacional, podría avanzarse en el desarrollo de fondos público-privados para la inversión en derechos sobre proyectos de investigación y de royalties sobre licencias, que permita a las empresas obtener un retorno durante la fase de desarrollo del producto, sin tener que esperar a su comercialización.

Por otra parte, el crecimiento del sector biotecnológico depende en gran medida de la aparición de nuevos desarrollos científicos y de mejoras sobre los existentes. En nuestro país, la mayor parte de entes de investigación y desarrollo se concentran en el sector público (Universidades, centros públicos de investigación, etc.), por lo que resulta crucial posibilitar el aprovechamiento de la investigación pública para la aparición de nuevas empresas. Sin embargo, esto se ha visto tradicionalmente dificultado por las limitaciones jurídicas del personal al servicio de las Administraciones Públicas para impulsar proyectos empresariales de explotación de los resultados de sus investigaciones.

La reforma de la Ley Orgánica Universitaria de 2007, que introduce un régimen específico para la creación de empresas de base tecnológica promovidas desde la Universidad, supuso un importante avance, en tanto recoge no sólo un procedimiento para la creación de dichas empresas, sino también la inaplicación parcial de determinadas restricciones legales para la participación en las mismas de los investigadores universitarios.

No obstante, sería necesario ampliar el ámbito de aplicación de estas medidas a otras entidades del sector público generadoras de conocimiento (hospitales públicos, centros mixtos de investigación, etc.), que permita establecer un marco estable y coherente para los proyectos innovadores surgidos desde el entorno público.

La tendencia que se apunta en la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología y el necesario desarrollo de la LOU deben seguir el camino de facilitar el desarrollo de proyectos innovadores desde el sector público, dando así el impulso que necesita el sector.

En todo caso, las actuaciones en este ámbito han de verse presididas por el mantenimiento del necesario equilibrio entre el fomento de la transferencia de la tecnología y la creación de nuevos proyectos empresariales basados en la innovación, y la defensa del interés público. El reto será, así, establecer un entorno jurídico que, en base a este principio, impulse la innovación e incremente la seguridad jurídica.