Miguel Vidal-Quadras Trias de Bes. Doctor en derecho y abogado. Amat i Vidal-Quadras Advocats

La segunda mitad del siglo XX ha sido testigo de un éxito sin precedentes en la organización del Estado: la cobertura universal en la atención sanitaria. Y podemos afirmar que nuestro país se sitúa en una destacada posición en este importante logro. Sería difícil explicar la historia de la farmacia contemporánea sin mencionar la implicación de los poderes públicos en su consecución. Ésta se ha producido tanto mediante las aportaciones a la investigación (las administraciones y las universidades cubren dos tercios de los gastos que se producen), como a través del sistema público de salud (a través del cual se garantiza la atención de las prestaciones básicas).

Esta intervención de los organismos públicos ha ocasionado ciertas disfunciones en un sistema como el sanitario, de extrema complejidad en su funcionamiento. La necesidad de establecer sistemas de control de los medicamentos que se ofrecen a la población ha llevado a una extensa y compleja multiplicidad de normas que encarecen la salida de nuevos fármacos al mercado a la vez que impiden la entrada de nuevos emprendedores debido al alto coste que ello comporta. Asimismo, la cobertura sanitaria pública lleva a que el coste de los medicamentos no sea un factor especialmente importante en la elección de los fármacos por parte de los médicos y se da especial importancia a aspectos secundarios, como puede ser la información y la atención personalizada que se presta por parte de los laboratorios en el conocimiento de las ventajas de sus productos en el tratamiento de los pacientes.

Esta falta de preocupación por el coste de los tratamientos por parte de los facultativos conlleva una preocupante escalada en el coste de los tratamientos. Y la paradoja pudiera ser que la sanidad dejara de ser universal debido a la imposibilidad de que el Estado la cubra.  Los Estados de la Unión Europea, preocupados por esta tendencia, tratan desde hace más de 30 años de reducir el impacto del gasto farmacéutico en el coste de la sanidad pública. Es evidente que si se quiere preservar un sistema de salud que alcance a toda la población es fundamental que las administraciones de los países europeos sean capaces de garantizar una cobertura suficiente a los ciudadanos.

El medicamento genérico nace con la finalidad de dar una solución al incremento desproporcionado del gasto farmacéutico. Con él se genera, en primer lugar, una competencia entre laboratorios farmacéuticos. En el marco de un uso racional de los medicamentos promovido por la Organización Mundial de la Salud se da entrada a fármacos como los originalmente aprobados. En segundo lugar, los países garantizan mediante el control de la correspondiente agencia estatal (en España la AEMPS) la calidad, seguridad y eficacia de los nuevos fármacos que entra en el sistema. En tercer lugar, se incentiva con los genéricos el impulso de un desarrollo en la investigación del medicamento que la falta de una competencia efectiva había provocado. La industria de los genéricos es una industria innovadora que busca la constante mejora de los medicamentos que comercializa. Y en cuarto lugar, con ellos se consigue reducir el precio de los medicamentos originales, que la falta de competidores había mantenido excesivamente altos a lo largo del tiempo.

En el año 2001 la Unión Europea aprobó la Directiva 83/2001/CE, por la que se estableció un código comunitario sobre medicamentos de uso humano. Esa Directiva se adaptó a la legislación española con la Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos. Desde que nacieran los genéricos en España hace ya 10 años, éstos han experimentado un crecimiento constante. Y aún estando todavía lejos de los principales países de nuestro entorno, que llevan una gran ventaja tanto en tiempo como en cuota de mercado, su consolidación parece asegurada a pesar de la fuerte resistencia de quienes ven en ellos una amenaza a sus intereses utilizando los medios a su alcance, entre otros el sistema de patentes, para intentar impedir la entrada de nuevos genéricos.

Con la legislación actual se consagra en nuestro país una cultura del genérico que ha arraigado en la población y que permite al sistema sanitario seguir manteniendo una prestación fundamental para los ciudadanos: la salud.