Miguel Vidal-Quadras, doctor en derecho y abogado.

La escasez en las últimas dos décadas de nuevos desarrollos que den lugar a medicamentos de éxito (ver La Vanguardia de 23 de enero de 2007) está originando un importante aluvión de litigios judiciales por parte de grandes corporaciones farmacéuticas que tiene por objeto lograr de los tribunales una interpretación que permita extender el alcance de las patentes solicitadas en España antes de 1992 a lo que entonces estaba prohibido patentar.

La prohibición de patentar medicamentos, práctica habitual en los países hasta fechas recientes

En España estuvo prohibido proteger medicamentos como tales productos hasta el 7 de octubre de 1992, permitiéndose sólo proteger las rutas específicas que se hubieran descubierto. Eso permitía que otros laboratorios investigaran sobre vías alternativas que permitieran obtener el mismo medicamento. Como las patentes duran 20 años los efectos de esa prohibición perdurarán hasta el 2012 en lo que afecta a los desarrollos llevados a cabo hace dos décadas. Los medicamentos inventados a partir de 1992 se pueden proteger por patente sin problema siempre que cumplan los requisitos para ser considerados una verdadera invención.

Esta limitación ha sido habitual en todo el mundo, al ser los medicamentos un producto de primera necesidad y estar habitualmente sometidos a la financiación del Estado, que garantiza su acceso a la población. De hecho hasta fechas muy recientes no ha sido posible la protección de los medicamentos como tales en la mayoría de los países del mundo. En el cuadro que acompaña este texto se puede ver la situación en el contexto europeo.

Presiones para modificar la normativa vigente

Desde hace pocos años determinadas corporaciones farmacéuticas han iniciado una serie de actuaciones encaminadas a cambiar el marco legal actual y lograr así un cambio de tendencia que podría suponer la imposibilidad de que medicamentos genéricos desarrollados con métodos alternativos diferentes a los patentados, muchas veces novedosos, se puedan comercializar. Ello podría comportar un coste importante para el Estado y podría hacer peligrar el actual modelo de financiación pública.

Entre esas iniciativas la primera se produjo en enero de 2006, mediante una proposición de modificación de la Ley de Patentes que se retiró por parte de sus promotores. A mediados de este año se propuso al Estado la creación de un organismo para investigar sobre enfermedades raras, en el que las grandes corporaciones aportarían 300 millones de euros, a condición de que se cambiara la Ley de Patentes para permitir la ampliación de la protección de medicamentos patentados antes de 1992. El coste que habría supuesto esa modificación se ha llegado a cifrar en 4.000 millones de euros para la sanidad pública. Dado que el Estado no aceptó esa propuesta, la gran industria farmacéutica decidió publicar el pasado 31 de mayo un anuncio en todos los diarios y en él se denunciaba la falta de cooperación del Estado en la creación de un organismo como el que se proponía con la finalidad de sensibilizar al público y utilizarlo como elemento de presión para conseguir su objetivo.

La instrumentalización de la OMC como apoyo de esas exigencias

En los próximos meses es de prever que las presiones de ciertas corporaciones continúen sobre todos los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. Y es que es ésta una batalla más en el contexto internacional que ha llevado a los recientes enfrentamientos con Sudáfrica, India o Brasil. En todos los casos el nexo común es la invocación del Acuerdo de la OMC con el objetivo de alterar las normativas nacionales en beneficio de los intereses de esas grandes corporaciones. Y, dados los intereses en juego, no son pocos los que se han pronunciado en favor de una aplicación de ese acuerdo internacional que no va precisamente en la línea de defender los intereses generales, sino más bien los particulares de determinadas compañías. Ciertamente se hace necesaria una amplia reflexión de a dónde nos conduce todo esto.