En definitiva, el régimen fiscal objetivo que otorgaba una gran seguridad jurídica y que únicamente permitía a las autoridades tributarias rechazarlo cuando existiera una finalidad de fraude o evasión fiscal, se ha transformado en un régimen subjetivo de tal manera que el contribuyente debe probar en cada operación la motivación económica que la impulsa, pudiendo ser rechazado su criterio fácilmente por la administración tributaria.
Esta situación se ve agravada además por la posibilidad de imposición de sanciones - en la práctica hay una imposición automática de sanción si el contribuyente rechaza la propuesta de regularización que le propone la administración - con la consiguiente conflictividad jurídica que produce tanto la regularización tributaria como la imposición de sanciones.

Concluyendo, en la práctica el legislador ha dejado inoperante el régimen fiscal especial salvo para fusiones bancarias u otras similares donde la motivación económica y no la fiscal o patrimonial sean indiscutibles, lo que ha generado una situación no sólo injusta sino arbitraria. Y si bien el contribuyente tiene la posibilidad de dirigir consultas previas a la administración sobre la aplicabilidad del régimen fiscal especial a las operaciones que pretenda realizar, lo deseable sería regresar al régimen de aplicabilidad objetiva establecido por la Ley 29/1991 puesto que, por otra parte, en absoluto dejaba a la administración tributaria indefensa frente a posibles abusos de algunos contribuyentes, al establecer que estas operaciones eran regularizables cuando se realizaban con la finalidad de eludir o evadir el pago de impuestos.

ÀNGEL SEGARRA FERRÉ
Socio Fundador

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